D026 Modificar los cánones I.17 y III.1.2 -No discriminación en la contratación y en la distribución del clero
Fuentes tan variadas como el informe anual sobre la remuneración del clero del Church Pension Group, la investigación académica (véase, por ejemplo: Svoboda-Barber, 2017; Danieley, 2018; Nesbitt, 2014 y en curso), y copiosas historias autodeclaradas nos dicen que la Iglesia Episcopal no es diferente del resto de nuestro país y del mundo cuando se trata de subemplear y compensar a las mujeres y otros grupos minoritarios. La excepción es ésta: como organización religiosa, la Iglesia está generalmente exenta de muchas de las leyes y directrices de buenas prácticas que protegen a los solicitantes de prácticas discriminatorias en la contratación y el empleo, incluidas las que limitan el tipo de información personal que un empleador puede utilizar en las decisiones de contratación. En la Iglesia se sigue preguntando habitualmente a las mujeres sobre sus planes de maternidad y cuidado de los hijos; a los solicitantes, tanto mayores como más jóvenes, se les pide habitualmente que defiendan por qué solicitan un determinado puesto a su edad; a las personas LGBTQ+ se les preguntan habitualmente detalles íntimos sobre su vida familiar; etc. Además, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE.UU. y la Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos coinciden en su conclusión de que las solicitudes que exigen una fotografía perjudican considerablemente a las mujeres y a las personas de color. Dado que las impresiones iniciales tienen un peso inconsciente tan fuerte, esta conclusión sigue siendo válida incluso en una época en la que los motores de búsqueda y las redes sociales facilitan (y, en cierto modo, son incluso encomiables) la búsqueda de candidatos durante el proceso de empleo. Estas enmiendas proponen, por lo tanto, que la Iglesia Episcopal se someta voluntariamente a restricciones similares a las que protegen a los solicitantes en el empleo secular, y que amplíe aún más las protecciones que ya aplicamos al discernimiento para la ordenación, como un paso adelante hacia una Iglesia más justa y equitativa para todas las personas.
Explicación
Fuentes tan variadas como el informe anual sobre la remuneración del clero del Church Pension Group, la investigación académica (véase, por ejemplo: Svoboda-Barber, 2017; Danieley, 2018; Nesbitt, 2014 y en curso), y copiosas historias autodeclaradas nos dicen que la Iglesia Episcopal no es diferente del resto de nuestro país y del mundo cuando se trata de subemplear y compensar a las mujeres y otros grupos minoritarios. La excepción es ésta: como organización religiosa, la Iglesia está generalmente exenta de muchas de las leyes y directrices de buenas prácticas que protegen a los solicitantes de prácticas discriminatorias en la contratación y el empleo, incluidas las que limitan el tipo de información personal que un empleador puede utilizar en las decisiones de contratación. En la Iglesia se sigue preguntando habitualmente a las mujeres sobre sus planes de maternidad y cuidado de los hijos; a los solicitantes, tanto mayores como más jóvenes, se les pide habitualmente que defiendan por qué solicitan un determinado puesto a su edad; a las personas LGBTQ+ se les preguntan habitualmente detalles íntimos sobre su vida familiar; etc. Además, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE.UU. y la Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos coinciden en su conclusión de que las solicitudes que exigen una fotografía perjudican considerablemente a las mujeres y a las personas de color. Dado que las impresiones iniciales tienen un peso inconsciente tan fuerte, esta conclusión sigue siendo válida incluso en una época en la que los motores de búsqueda y las redes sociales facilitan (y, en cierto modo, son incluso encomiables) la búsqueda de candidatos durante el proceso de empleo. Estas enmiendas proponen, por lo tanto, que la Iglesia Episcopal se someta voluntariamente a restricciones similares a las que protegen a los solicitantes en el empleo secular, y que amplíe aún más las protecciones que ya aplicamos al discernimiento para la ordenación, como un paso adelante hacia una Iglesia más justa y equitativa para todas las personas.