A108 Enmendar el Canon III.6.5(g) que aborda el acoso y la mala conducta sexual
El acoso sexual se convirtió en un tema muy publicitado en 2017. Aunque el tema ha sido abordado por la Convención General en el pasado (1991-B052; 2003-A023; 2006-A156;), se hizo evidente durante este trienio que hay una variación considerable en la existencia y el contenido de las políticas sobre el acoso sexual de adultos en toda la Iglesia Episcopal. Mientras que los Cánones exigen la formación en prevención de la mala conducta sexual de todos los ordenandos y casi todas las diócesis tienen políticas que exigen que todos los líderes laicos y los empleados y voluntarios que interactúan con los niños reciban formación en la prevención del abuso sexual de los niños, a menudo denominada formación de "iglesia segura", son menos las diócesis que tienen políticas o que han aplicado plenamente las políticas que exigen la formación de los empleados y voluntarios para prevenir el acoso sexual de los adultos, a pesar de que las compañías de seguros de la Iglesia han puesto a disposición un plan de estudios y políticas modelo. Uno de los retos de las políticas y la formación en materia de acoso sexual es asegurarse de que cumplen con las leyes estatales y locales en la materia. La falta de políticas y formación universales sobre el acoso sexual de adultos tiene efectos muy reales para los que trabajan, ya sean remunerados o voluntarios, en la Iglesia. El acoso es frecuente en nuestra cultura. Según estudios realizados por la Iglesia Metodista Unida en 2005 y 2007, más de tres cuartas partes del clero femenino de la Iglesia Metodista Unida han experimentado acoso dentro de la Iglesia Metodista Unida (véase "Sexual Harassment in The United Methodist Church 2005" y la "Quadrennial Local Church Survey 2007" de la Comisión General sobre la Condición y el Papel de la Mujer, Chicago, Illinois, Gail Murphy-Geiss, investigadora principal). Una encuesta informal realizada a un grupo de mujeres del clero episcopal menores de cuarenta y cinco (45) años reveló que de las setenta y seis (76) mujeres que respondieron a la pregunta, todas ellas informaron de algún tipo de acoso. Varias de ellas también informaron de que los clérigos masculinos que conocían también habían sufrido acoso dentro de la iglesia. Este tipo de problema generalizado contribuye al problema de retener al clero femenino. Además, socava nuestras esperanzas de una iglesia más igualitaria y diversa. Para abordar este problema, proponemos añadir disposiciones al Título III de los Cánones que aclaren que la formación exigida canónicamente a los ordenandos para prevenir la mala conducta sexual debe incluir la formación sobre la prevención del acoso sexual, la explotación y el abuso de adultos y niños. También se propone un requisito canónico para exigir dicha formación a todos los clérigos a cargo de congregaciones. Además, proponemos que los Obispos Diocesanos (o la Autoridad Eclesiástica en ausencia de un Obispo Diocesano) sean responsables de asegurar que la diócesis adopte y haga cumplir una política para prevenir el acoso sexual, la explotación y el abuso de adultos y niños.
Explicación
El acoso sexual se convirtió en un tema muy publicitado en 2017. Aunque el tema ha sido abordado por la Convención General en el pasado (1991-B052; 2003-A023; 2006-A156;), se hizo evidente durante este trienio que hay una variación considerable en la existencia y el contenido de las políticas sobre el acoso sexual de adultos en toda la Iglesia Episcopal. Mientras que los Cánones exigen la formación en prevención de la mala conducta sexual de todos los ordenandos y casi todas las diócesis tienen políticas que exigen que todos los líderes laicos y los empleados y voluntarios que interactúan con los niños reciban formación en la prevención del abuso sexual de los niños, a menudo denominada formación de "iglesia segura", son menos las diócesis que tienen políticas o que han aplicado plenamente las políticas que exigen la formación de los empleados y voluntarios para prevenir el acoso sexual de los adultos, a pesar de que las compañías de seguros de la Iglesia han puesto a disposición un plan de estudios y políticas modelo. Uno de los retos de las políticas y la formación en materia de acoso sexual es asegurarse de que cumplen con las leyes estatales y locales en la materia. La falta de políticas y formación universales sobre el acoso sexual de adultos tiene efectos muy reales para los que trabajan, ya sean remunerados o voluntarios, en la Iglesia. El acoso es frecuente en nuestra cultura. Según estudios realizados por la Iglesia Metodista Unida en 2005 y 2007, más de tres cuartas partes del clero femenino de la Iglesia Metodista Unida han experimentado acoso dentro de la Iglesia Metodista Unida (véase "Sexual Harassment in The United Methodist Church 2005" y la "Quadrennial Local Church Survey 2007" de la Comisión General sobre la Condición y el Papel de la Mujer, Chicago, Illinois, Gail Murphy-Geiss, investigadora principal). Una encuesta informal realizada a un grupo de mujeres del clero episcopal menores de cuarenta y cinco (45) años reveló que de las setenta y seis (76) mujeres que respondieron a la pregunta, todas ellas informaron de algún tipo de acoso. Varias de ellas también informaron de que los clérigos masculinos que conocían también habían sufrido acoso dentro de la iglesia. Este tipo de problema generalizado contribuye al problema de retener al clero femenino. Además, socava nuestras esperanzas de una iglesia más igualitaria y diversa. Para abordar este problema, proponemos añadir disposiciones al Título III de los Cánones que aclaren que la formación exigida canónicamente a los ordenandos para prevenir la mala conducta sexual debe incluir la formación sobre la prevención del acoso sexual, la explotación y el abuso de adultos y niños. También se propone un requisito canónico para exigir dicha formación a todos los clérigos a cargo de congregaciones. Además, proponemos que los Obispos Diocesanos (o la Autoridad Eclesiástica en ausencia de un Obispo Diocesano) sean responsables de asegurar que la diócesis adopte y haga cumplir una política para prevenir el acoso sexual, la explotación y el abuso de adultos y niños.