Explicación

Esta resolución se basa en motivos morales y legales. Unir nuestra voz a las de otras denominaciones cristianas contra la opresión y el apartheid que soportan los palestinos a diario contribuiría en gran medida a la creciente presión moral sobre Israel y, no por casualidad, mejoraría la reputación de la Iglesia Episcopal. Al hacerlo, responderíamos a las peticiones de presión económica contenidas en el "Llamamiento de la Sociedad Cívica Palestina" de 2005 y en el "Documento Kairos Palestina" de 2009 de los cristianos palestinos. Y lo que es más importante, cumpliríamos nuestro voto bautismal de "buscar la justicia y respetar la dignidad de todo ser humano". Los principales obstáculos a esta acción han sido los justificados sentimientos de culpa dentro de la comunidad cristiana con respecto al Holocausto, los esfuerzos del Gobierno israelí y de algunos grupos judíos estadounidenses por equiparar la presión económica sobre el Gobierno israelí con el antisemitismo, y las amenazas de algunos grupos judíos estadounidenses de cortar el diálogo ecuménico, si emprendemos dicha acción. Nosotros, en el Occidente cristiano, debemos expiar el pecado del Holocausto, pero, al jurar "Nunca más", insistir en que su recuerdo no nos ciegue ante las injusticias en Oriente Medio o en otros lugares. También debemos rechazar el pecado del antisemitismo y afirmar el derecho de Israel a vivir en paz dentro de unas fronteras seguras. Además, debemos esforzarnos por mantener un diálogo vivo y honesto con nuestros vecinos judíos, celebrando nuestra herencia judeo-cristiana compartida, pero siempre conscientes de que los amigos no buscan silenciarse unos a otros ni permiten el mal comportamiento permaneciendo en silencio. Romper el silencio a veces exige valor. Al buscar el nuestro, honramos la valentía del creciente número de judíos, tanto en Israel como en Estados Unidos, que critican las políticas del gobierno israelí, se oponen a la ocupación y apoyan la presión económica como medio legítimo y no violento para promover el fin de la ocupación y una paz justa. Desde el punto de vista jurídico y político, la ocupación y los asentamientos son considerados ilegales por la comunidad internacional y nuestro propio gobierno. Sin embargo, en cincuenta años de ocupación, la población de colonos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este ha aumentado un cinco por ciento al año y, en la última década, de 350.000 a 600.000. Estos "hechos sobre el terreno" han erosionado las perspectivas de una solución de dos estados preferida por la Iglesia Episcopal y el Gobierno de Estados Unidos, han disminuido las esperanzas de paz y han demostrado que el "compromiso empresarial" y la "inversión positiva" han fracasado. Es hora de probar nuevos métodos para persuadir a Israel de que haga lo que más le conviene. Uno de estos métodos, que ha demostrado su eficacia en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica y la segregación racial y la legislación anti-LGBT en nuestro propio país, es la presión económica en la larga tradición de la resistencia no violenta a la injusticia. En lo que respecta a Israel/Palestina, el Consejo Mundial de Iglesias, las iglesias metodista, presbiteriana, menonita y luterana, la Iglesia Unida de Cristo y organizaciones laicas como la Unión Europea ya han adoptado diversas formas de presión de este tipo. La investigación y la consulta con los funcionarios competentes del TEC han demostrado que la resolución no tiene implicaciones presupuestarias. En consecuencia, la resolución no contiene ninguna resolución presupuestaria.